Gonzalo Delamaza 26.07.2026
No fueron los primeros 10 días que prometía Piñera, que siempre iba apurado. Tampoco el Desafío 90 (días) que desplegó José Antonio Kast como candidato y que nadie recordó a partir del 11 de marzo. Menos aún la cuenta regresiva que haría desaparecer de un plumazo a trescientos mil migrantes no regularizados apenas asumido el gobierno (luego entendimos que era una metáfora hiperbólica). No fue tampoco para el día de la cuenta pública. Hasta hubo cambios de gabinete y renuncias de Seremis al por mayor antes del primer logro. Así, el asunto demoró exactamente 126 días. Pero valió la pena.
Ingresamos a un nuevo período
Fueron poco más de cuatro meses lo que tomó al gobierno hacer aprobar la Ley Miscelánea-Reforma Tributaria-Plan de Reconstrucción. La negociación en la Cámara de Diputadas y Diputados fue extremadamente barata: apenas una pequeña rebaja del IVA a medicamentos y pañales para asegurar los votos del excéntrico Partido de la Gente. En el Senado la “flexibilidad” del Ministro Quiroz, con trampita incluida, no fue siquiera necesaria, pues el oficialismo actuó unido e impuso la mayoría. Estrecha, pero mayoría. Es verdad que todavía resta la discutible presentación al Tribunal Constitucional que puede cambiar algunas cosas, pero en la práctica lo central está dicho y está aprobado en bloque. El único ámbito en el que la candidatura Kast tenía realmente un diseño fue logrado casi sin renuncias en un tiempo record.
Contrastemos la situación con la que vivió el gobierno de Boric. Comenzó cometiendo errores no forzados en varios campos, igual que el actual. Mantuvo una adhesión en torno al tercio de la población, la misma que tiene Kast a los cuatro meses. Probablemente este gobierno tampoco remontará. Ninguno de los dos tuvo una coalición de gobierno. Pero cuando el presidente Boric intentó aprobar una reforma tributaria para financiar su programa, esta fue rechazada en el Congreso. Y cuando llegó el momento de aprobar el texto constitucional por parte de la ciudadanía, ello tampoco se logró. Erróneamente el gobierno apostó al “apruebo” todas las fichas, sin contar con una coalición unida en la Convención Constitucional, sin asumir que debía promover políticas públicas de efecto rápido y, no menos importante, haciendo caso omiso de las encuestas de opinión que desde marzo del 2022 indicaban que ganaría el “rechazo”. De allí en adelante el gobierno de Boric sería uno de administración. O, como le gustó decir a sus voceros, de “normalización” post pandemia y post revuelta. Lejos de las expectativas, pero obligado por la nueva realidad parlamentaria, económica, de seguridad y de opinión pública.
La diferencia principal es, entonces, la capacidad que tuvo el gobierno de Kast para imponer la agenda del gran empresariado, es decir la de su base más orgánica. Con ello probablemente no ganará adhesión ciudadana, pero se asegura un importante apoyo político. Solo falta ahora la “flexibilización” de las 40 horas. Si eso se complementa con un viraje internacional pro Trump, como parece estar ocurriendo, dos frentes de poder relevantes le serán proclives, mas allá de los déficits de gestión y de perspectiva que demuestre.
¿En qué consiste la agenda económica que se ha aprobado? En la receta invariable del neoliberalismo ortodoxo chileno: estimular el crecimiento económico privado centrado en los recursos naturales de base exportadora, abierto al exterior y fuertemente concentrado. Para ello la receta es siempre la misma: rebajar los tributos, asegurar la tasa de ganancia a largo plazo, privatizar y desregular las inversiones y achicar el Estado. La lógica y los supuestos también son los mismos de siempre: las reformas producirán crecimiento, el crecimiento producirá empleo y el empleo mejorará las condiciones de vida, mientras crecen los tributos al Estado, que compensan las rebajas. Llama poderosamente la atención la nula capacidad de adaptación e innovación de la receta, la fe ciega en los supuestos de la teoría de los años ochenta, a pesar de las enormes transformaciones de la economía y la geopolítica internacionales y de la propia evolución de la economía chilena. De hecho, en la discusión en el Congreso se repitieron las palabras “fe”, “confianza” y “esperanza”. Términos más propios de una iglesia que de un prosaico debate de políticas públicas: costos, proyecciones, impactos esperados, externalidades, alternativas, escenarios previstos.
El carácter “regresivo” es consustancial a la propuesta, no es siquiera un calificativo externo: se trata de mejorar las condiciones para que el gran capital invierta, no es una reforma “pro pymes”, ni menos “pro empleo”. De hecho, el aspecto relacionado al empleo es el que mayores críticas concentra, pues en realidad es una transferencia a las empresas que no garantiza resultados. La evidencia acumulada indica que la receta de reducir la tributación no asegura directamente la inversión, aunque existe cierto acuerdo en que la tasa específica de impuesto corporativo de 27% es relativamente alta y rebajarla un tanto podría incrementar la competitividad (no la inversión ni el empleo). Pero medidas como la reintegración tributaria entre personas y empresas, sólo favorece las grandes fortunas. Y la indemnización a los titulares de proyectos que sean rechazados en su calificación ambiental solo puede tener dos consecuencias, ambas extremadamente negativas. Una posibilidad es que el Estado se inhiba de rechazar, para no indemnizar, saltándose la protección ambiental y descargando los costos sobre los habitantes de los territorios afectados. La otra es que las empresas presenten proyectos millonarios saltándose normas ambientales, buscando la indemnización luego del esperable rechazo, al modo como los futbolistas buscan el foul en el área para producir el penal.
Todo se hace a costa de desfinanciar y restar capacidades al Estado. Loss supuesto son que el tamaño del Estado es muy grande (¿comparado con qué?), que este es ineficiente por definición y que un mayor crecimiento traerá de vuelta mayores montos netos de tributación. Respecto de lo último, ver para creer. Por el momento, vale decir por los próximos años, nada de eso va a ocurrir. Y el Estado, que ya es incapaz de afrontar los gastos permanentes que requiere, se volverá aun más incapaz. Ello se verifica de inmediato con la inexplicable rebaja a las contribuciones (impuesto territorial) a la primera vivienda. Luego de decenios de focalización en sectores vulnerables, ahora se focaliza el subsidio en los más ricos, a costa del financiamiento municipal. Y el Estado central, es decir todos nosotros, compensará a los municipios lo que antes cobraban a sus habitantes más ricos. A mediano plazo (presupuesto 2027 y 2028 al menos) reducción de los recursos del Estado en su conjunto. Eso quiere decir, en este contexto, recortes mayores a los actuales, desfinanciando los sectores en los que el Estado gasta: pensiones, educación, vivienda, salud. Puesto que defensa y seguridad posiblemente no serán disminuidos. Lo más probable es que luego se proponga la venta de Codelco para financiar esos déficits, como ya se ha insinuado. Y, más allá de ello, la invariabilidad tributaria amarra las finanzas públicas por decenios, impidiendo al Estado hacer uso de sus facultades básicas.
No sólo se trata de que los supuestos de la “teoría del chorreo” son frágiles y nunca verificados plenamente. Se trata de que el crecimiento económico mismo en las actuales circunstancias depende hoy de otras variables, distintas de la acumulación de capital en pocas manos. Depende en primer lugar de contar con capacidades nacionales para aprovechar las oportunidades del crecimiento. La capacidad estatal es una de ellas. La sostenibilidad ambiental y social son también críticas. Pero también hoy el crecimiento está ligado en gran medida a variables externas, como el precio del petróleo, la disputa Estados Unidos versus China y las guerras. En este contexto persistir en la economía extractivista e intensiva en recursos naturales puede tener aún rendimientos de corto plazo en algunos sectores, especialmente el cobre y el litio. Pero ese enfoque, particularmente si se intensifica la explotación, enfrenta severas limitaciones en cuanto a sustentabilidad ambiental y social. Ello ocurre tanto en esos rubros como en la salmonicultura -que quiere duplicar la producción-, el sector forestal y la agricultura de exportación. Y, por otra parte, todo ello no reduce un ápice la dependencia y falta de autonomía estratégica del país, como ocurre hoy con respecto al petróleo. La alineación sin matices con la Doctrina Donroe no sólo es una apuesta de corto plazo, que puede volverse inviable en noviembre próximo, sino que además no ofrece sino subordinación y limitaciones comerciales (no sólo la relación comercial con China, también los aranceles que impone Estados Unidos a sus socios).
Oportunidades perdidas
La oportunidad para la oposición era inmejorable: podía mostrar con toda claridad los elementos regresivos de la ley miscelánea y perfilar frente a frente una propuesta alternativa que no implicara volver a los ochenta y que, al contrario, proyectara un nuevo ciclo de reformas para estimular nuevos patrones de crecimiento, que capitalizaran lo avanzado en materia social y permitieran navegar en medio de la crisis internacional con algo más de autonomía. Nada de eso sucedió, a pesar de que los economistas de la oposición coincidieron en las falencias de la propuesta de gobierno.
Acudir al Tribunal Constitucional a última hora luego de divisiones internas, posiciones diversas y cambiantes, dejó en evidencia la falta de unidad opositora, las vacilaciones y la carencia de perspectiva estratégica. Si la reforma se consideraba inconstitucional, esta debió ser la primera cuestión despejada por el bloque opositor y mantenida en el tiempo, mas allá de eventuales negociaciones sobre otros puntos. Ello trasunta un cierto oportunismo en el uso de la herramienta legal. Oportunismo que es seguido inmediatamente por el ejecutivo, que también planea recurrir al TC frente a normas que fueron modificados en el Congreso. Se recurre al “árbitro constitucional”, cuando se ha fracasado en la política, debilitando por cierto la institucionalidad.
La falta de unidad y de visión opositora es más importante que su carácter minoritario en el Congreso. Lo segundo es un dato, que debe obligar a desplegar estrategias para ganar mayorías. Pero ello solo se puede hacer sobre la base de planteamientos nítidos, que muestren las diferencias con respecto a un oficialismo que tampoco está unido, pero que ha podido ser eficazmente disciplinado tras la apuesta republicana del Ministro Quiroz en este proyecto de alcance amplio, profundo y de largo plazo.
La estrategia desplegada por el gobierno no difiere en absoluto de la de Milei en Argentina, era algo conocido y previsible. También allá se agrupó en un solo paquete legislativo materias muy diversas, al inicio de su gobierno, antes del desgaste, antes de las elecciones. Allá el “gancho” fue la crisis inflacionaria, acá la reconstrucción post incendios. Pero lo que se buscó -y se logró- fue crear nuevas condiciones para los sectores dominantes, a costa de lo avanzado con herramientas de acción pública. La discusión que se requería, por tanto, no era técnica, sino política. Si hay acuerdo en que es necesario crecer, la disputa debió ser sobre modelos de crecimiento, alternativas de políticas para su estímulo e impactos sobre el desarrollo y los diferentes sectores sociales. ¿Por qué la oposición no puso en debate la rebaja del IVA como alternativa que a la vez incrementa la demanda interna y alivia el bolsillo de las mayorías? ¿Por qué rebajar impuestos corporativos a la gran inversión y asegurar invariabilidad en contexto de altos precios internacionales del cobre y el litio? ¿Cuál es el Estado que requerimos y cuales son las capacidades críticas que debemos asegurar? ¿Cómo fortalecer la sostenibilidad ambiental (rebautizada hoy como “permisología”)? Son muchas las preguntas pendientes para que la oposición recupere iniciativa política y pueda siquiera postular a concursar en la generación de nuevos acuerdos con sentido de futuro y que enfrenten este revival del neoliberalismo, que no aborda la crisis que se arrastra en Chile hace ya buenos quince años.
Aunque nada se arregle
En el contexto de la revuelta social la derecha añoraba los años de la Concertación a la que tanto había criticado. En el tiempo del debate constitucional se arrepentía de no haber apoyado la alternativa “por arriba” y bajo control propuesta por la presidenta Bachelet en 2017. Ahora la situación es diferente: empoderado por un triunfo electoral que se logró con una campaña donde se escondieron las cartas, el gobierno ha retrotraído las cosas al escenario de los años ochenta. Más allá de los errores de gestión, los autogoles, la inexperiencia y la falta de liderazgo presidencial, la reforma recién aprobada marca una importante transformación, que busca instalarse como permanente. Puede decirse que no se hace cargo de los problemas reales del país. Pero la disputa política no depende sólo de eso, sino de las alternativas que se levanten y que muestren viabilidad. Ese el desafío que la oposición debiera asumir.
