El Informe que tiene usted en sus manos es fruto de un largo proceso de trabajo colectivo, que sintetiza las opiniones de muchas personas, particularmente de quienes se han comprometido durante años en la promoción y desarrollo de la participación ciudadana en nuestro país. Pero también es fruto de una porfiada esperanza que cree que es necesario y posible perfeccionar y profundizar la democracia chilena a través la participación de sus ciudadanas y ciudadanos.
El compromiso del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de proponer reformas a la actual institucionalidad y normativas que rigen la participación se plasmó en la creación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, entidad conformada enteramente por líderes de los distintos espacios de expresión de la sociedad civil chilena. Este fue el vehículo para recoger opiniones y propuestas a lo largo y ancho del país -algunas largamente maduradas y avaladas por la experiencia conjunta- así como para analizar la experiencia internacional, sopesar diferencias, construir acuerdos y priorizar las propuestas de reforma. La sociedad chilena reclama cambios en el ejercicio democrático y una parte importante de esos cambios se relaciona con la demanda por mayor y mejor participación, por un involucramiento más directo en los asuntos públicos, los que nos competen a todos. También la experiencia internacional muestra caminos de innovación participativa y Latinoamérica ha sido en los últimos treinta años un laboratorio de nuevas formas de implicación ciudadana. Nuestro país puede beneficiarse de ello y avanzar en este desafío del siglo XXI. Este informe contiene algunas de las respuestas a los problemas detectados y más de una vez diagnosticados: distanciamiento entre ciudadanos e instituciones democráticas, falta de estímulo a la organización social, canales limitados para la expresión ciudadana, desigualdades inaceptables a la hora de influir en la toma de decisiones que nos afectan. Nos hemos situado en el enfoque de los derechos humanos como fundamento de nuestra convivencia democrática y en los acuerdos específicos que Chile ha suscrito con la comunidad internacional. Hemos propuesto reformas normativas que parten por la Constitución Política del Estado y abordan la legislación pertinente.
Finalmente hemos incorporado propuestas inmediatas, asuntos que se pueden abordar desde ya, antes de la reforma legal, con el fin de comenzar a recorrer el camino de las soluciones.
Quisiéramos que el contenido de este Informe sea públicamente conocido y debatido en la sociedad civil y que lo agradecemos a las instituciones que nos ayudaron durante este año de trabajo a materializar este primer paso,
especialmente a la Subsecretaría General de Gobierno, la División de Organizaciones Sociales y al Centro de Extensión del Senado. También a las personas e instituciones que nos hicieron llegar sus opiniones y propuestas.
Finalmente a la Presidenta Michelle Bachelet por confiar en nosotros para esta tarea tan relevante. Renovamos nuestro compromiso con la tarea y les invitamos a impulsarla en esta nueva etapa.
- G. Delamaza (coord.) (2017) Santiago: Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
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