Max Weber, en sus estudios sobre las formas de dominación, distinguía entre poder y autoridad. Esta última incorporaba un componente del que el poder podría prescindir: la legitimidad. Si se considera el carácter relacional del ejercicio del poder, quien manda y quien obedece, este segundo elemento es crucial, puesto que permite conformar un “orden político y social” y no solo imponer una determinada voluntad. La esencia de la política, por tanto. Maquiavelo miró las cosas desde el punto de vista del “príncipe”, al que recomienda -dicen- que entre ser querido y ser temido, más le convenía esto último. Reafirma así el carácter coactivo del poder, que se desvanece sin su presencia.
A comienzos del siglo XX Gramsci reelaboró las tesis leninistas de asalto y conquista del poder a través de una nueva teoría del Estado. Este, escribe el sardo, requiere de dos componentes para consolidar su poder: la dominación y la hegemonía. La primera se basa en la fuerza y en la coacción legal. Se conquista a través de una “guerra de movimientos”, vale decir de la inteligencia táctica que permite derrotar al adversario. “Hacer como en Rusia”, dirá. Pero en Italia fracasó en los años veinte la “república de los consejos” y por eso escribe desde la cárcel; Friedrich Ebert ahogó en sangre la insurrección de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en Alemania. Sin embargo, Gramsci no dedica tanto esfuerzo a determinar los eventuales errores tácticos del levantamiento socialista o la astucia de sus oponentes. Señala, por el contrario que ante el desafío de la transformación social profunda -la revolución en el lenguaje de la época- eso no bastaba. Se requería construir “hegemonía” en la sociedad civil, desarrollar la cultura, construir un nuevo “sentido común”. Allí nada tienen que hacer las tácticas y sus giros. Se trata de una acción de largo plazo, basada en las raíces culturales de la sociedad y abordando antes que nada la «cuestión nacional”, especialmente en un país que se acababa de unificar políticamente, pero que no superaba su división social profunda. Es una “guerra de posiciones”. que evoluciona a otra velocidad, con otros actores y en diversos espacios de acción. Aquellos donde se disputa la hegemonía y las concepciones del mundo.
Aunque son tradiciones muy distintas, tanto Gramsci como Weber, están teorizando sobre el componente inmaterial del poder, la posibilidad de ser aceptado por los que deben obedecerlo. Más adelante la Escuela de Frankfurt y Foucault desarrollarán mucho más las diferentes vías mediante las cuales las sociedades capitalistas modernas aseguran la continuidad de la dominación, antes de llegar a la represión abierta o sin necesitarla directamente. Todas estas reflexiones suponen que la producción de “obediencia” y el sustento de la dominación cuentan con un componente “voluntario” y, para ello, se basan en la invocación de valores universales, es decir, que todas y todos podríamos aceptar, o al menos soportar sin rebelarnos.
¿Qué pasa cuando el poder renuncia a la búsqueda de la legitimidad en la política, para regresar a a su ejercicio desnudo, basado única y explícitamente en el uso de la fuerza? ¿Cómo se le disputa si no se basa en nada universal, sólo en la afirmación de ciertos intereses, a los que habría que subordinarse? Es lo que ocurre hoy con la actual administración de Donald Trump. En política exterior, su discurso y su acción no esgrimen otro principio que el de supuestos intereses de Estados Unidos. Quien no los acepta, sufre castigos económicos, insultos de todo orden, bloqueos y, al final, acción militar. Las negociaciones se organizan de una manera similar: primero te humillo, luego te amenazo y te impongo al menos parte de lo que exijo. También interviene en los procesos electorales de otros países de manera abierta, con el fin explícito de contar con autoridades subordinadas, funcionales a su política. Ese nacionalismo agresivo debiera basarse en un gran sustento político al interior del propio país, como ocurría con Hitler y Mussolini, que tenían al pueblo movilizado tras ellos, luego de reprimir a la oposición interna. Pero no es el caso: también Trump está en guerra interna contra los estados gobernados por demócratas, contra las universidades liberales, contra los medios de comunicación. A través de la acción de ICE, el uso discrecional de los fondos públicos y las demandas multimillonarias usadas como amenaza de ruina económica. Sin olvidar los insultos y el abuso del poder comunicacional, por supuesto. De talante autoritario, el multimillonario devenido presidente, va coartando o cooptando las diversas instancias que no se le subordinan. Restringe su autonomía, controla sus autoridades o las enjuicia si no le obedecen. Definido el orden mundial como una lucha por acumular poder frente a China y el interior como “make America great again” cueste lo que cueste, ni la ley, ni el derecho internacional, ni la democracia tienen mayor importancia. No es necesario fingir al respecto.
Una breve referencia sobre la “batalla cultural” de la ultraderecha. Aparentemente parece tratarse de una relectura de Gramsci, así lo afirman algunos de sus propagandistas. Sin embargo sus métodos y objetivos no son los de la construcción de hegemonía propuesta por éste. Es el traspaso de la “guerra de movimientos” al campo cultural, con el objetivo explícito de denunciar y desplazar a los progresistas “inflitrados” en las universidades, medios de comunicación, etc. Todo ello sazonado por el populismo anticientífico y diversas teorías de la conspiración. Sobre la base de un supuesto falso: que los “aparatos ideológicos del Estado” -como los llamaría Althusser- estarían bajo control del “marxismo cultural”, hábilmente disfrazado, eso sí, de ecologismo, feminismo e indigenismo. Bajo este supuesto es que diversos intelectuales y propagandistas de amplia y constante difusión mediática, reclaman una y otra vez que han sido “silenciados” y “cancelados”. Una clásica estrategia de victimización, curiosamente en manos de quienes tienen múltiples recursos de poder y medios de difusión. En el caso chileno basta apreciar el peso de las universidades privadas como ámbito de acción permanente del pensamiento neoliberal y conservador en general, como refugio de políticos de derecha en períodos fuera del poder y beneficiarios de los recursos del Estado. Igual cosa con los medios de comunicación escritos y audiovisuales, las innumerables fundaciones financiadas por el gran empresariado con finalidades ideológicas, etc.
Pero volvamos al poder sin legitimidad. La estrategia clásica de la izquierda consistía en denunciar los abusos cometidos por el poder, en contra de la disidencia, los grupos populares y los gobiernos progresistas. Esto se hacía -y se hace- en nombre de valores como la justicia social, la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la protesta, los derechos humanos. Apelando a movilizar ampliamente las conciencias, las personas y las instituciones para defender dichos valores y proteger a quienes se manifiestan o resisten. Valores compartidos, que normalmente se esgrimían también por sus opositores: el golpe militar chileno se hizo en nombre de “restaurar la democracia” y no se afirmaba que los derechos humanos hubiesen sido violados de manera intencional. En cualquier caso, se reconoció después, era algo que no debía repetirse.
Actualmente el asunto es diferente: Milei señala a la justicia social como el gran embuste que debe ser arrancado de raíz; el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa no se hizo en nombre de recuperar la democracia y llamar a elecciones, sino de obtener el petróleo venezolano para Estados Unidos: Bukele no muestra su siniestra cárcel como otra cosa que un encierro merecido a todos quienes considera han delinquido; Netanyahu no niega que el ejército israelí haya asesinado setenta mil personas y destruido Gaza en represalia por los mil doscientos secuestrados y muchos asesinados por Hamas, y que seguirá haciéndolo mientras este último no desaparezca. Vale decir, no hay otro reclamo de legitimidad que un supuesto interés propio autodefinido e impuesto por la fuerza. Por eso el instrumento principal es la acción misma: secuestrar, invadir, destruir o simplemente asesinar, no hay un discurso legitimador que apele a un “otro”, que podría aceptarlo.
Es obvia la deriva fascista que se está produciendo en diversos lugares. Y no debió abusarse del término en el pasado, mas valor tiene reservarlo para cuando efectivamente sucede y debe enfrentarse. Por supuesto, unidad y movilización amplia utilizando los recursos del derecho en todas sus formas siguen siendo las herramientas principales. En lo que respecta a la denuncia, sin embargo, es necesario un giro que la haga coherente y sustentable: las izquierdas, cualquier izquierda, debe fundar su acción de denuncia en patrones firmes de defensa y promoción de los derechos humanos, la justicia social y la democracia. No para exigir a los líderes autoritarios que actúen acorde a ellos, puesto que no pretenden hacerlo, no están engañando a nadie. Sino para ponerles límites y defender principios básicos, sin los cuales no son posible otros avances. Habría mucho más que decir al respecto, pero dejémoslo hasta aquí. Lo que propongo es ir más allá de la denuncia moral de actos reprobables y consolidar una política de principios permanente. Y aquí es donde aparece lo que llamo “la espina venezolana”, un buen ejemplo de lo difícil que resulta para la izquierda avanzar en este terreno.
